Por Alberto Lapolla, Proyecto Sur
¿Retenciones, control estatal de las exportaciones (monopolio de la Junta Nacional de Granos) o reino del ‘mercado’?
La actitud de los señores dueños de la tierra de la Argentina no deja de sorprender por su reiterada e inveterada audacia en la defensa de sus bolsillos, con una hipocresía digna de los mejores falsarios de la historia. El aumento gradual de las retenciones y, en particular, las correspondientes a la soja, ha disparado a la ‘lucha’ a la sempiterna anti-solidaria oligarquía terrateniente, nacida en nuestro país.
La acompaña, una vez más, la desorientada Federación Agraria Argentina (FAA), que, desde hace años, no se atreve a separase de los oligarcas y hacer un planteo digno de reclamo de tierras, de límites a la extensión de los latifundios, de cese y recuperación de las enormes cantidades de tierras extranjerizadas y de cambio general de la política agropecuaria.
Durante el largo ciclo de la Convertibilidad y la expansión de la sojización, la FAA miró para otro lado, dejando hacer al modelo neoliberal y su ‘mercado’, que se cargaron casi 300.000 productores pequeños y medianos, la mayoría de ellos afiliados a ella.
Hace apenas poco tiempo, se atrevió a cuestionar los lineamientos de la Argentina Sojera, pergeñada por Henry Kissinger, el Grupo Perriaux, la SRA, AAPRESID, Cargill, Monsanto, Dreyfus, la FAUBA, Clarín Rural, Urquía y demás demiurgos de la recolonización nacional. De tal manera, el tránsito de la Argentina industrial tecnológica y científica, existente entre 1945 a 1989, a la Argentina factoría agro-exportadora actual, contó -luego de la Marcha Federal de 1994- con la mirada complaciente de la FAA.
Esta política permitió la devastación de los pequeños y medianos productores y el tránsito de una producción centrada en el desarrollo de alimentos en gran cantidad y de gran calidad, hacia un ‘campo’ que produce forraje barato –pasto soja- para vender a China, India y la UE, subsidiando, de tal forma, la industrialización de estos países a costa de nuestra industrialización, nuestra producción lechera, ganadera, porcina, frutal, hortícola, ovina y regional.
Se repite el modelo de siempre en el campo, donde la SRA -la vieja oligarquía terrateniente- se opone a cualquier control, por parte del Estado, de su tasa de ganancia lograda a costa del esfuerzo de toda la Nación y, en particular, mediante el monopolio absoluto de la renta agraria por su dominio total sobre las tierras existentes en la Nación.
Lo reiteramos, una vez más: oligarquía terrateniente implica, por ejemplo, que 6.900 propietarios (familias, empresas o empresas-familias) sean dueñas del 49,7% de la superficie cultivable y productiva del país; o que, según el Censo Agropecuario de 2002, 936 terratenientes poseen 35.515.000 Has (casi toda la superficie en cultivo), un promedio de 38.000 has c/u. Por el contrario, 137.021 agricultores poseen sólo 2.288.000 has, con un promedio de 16.7 has c/u.
En 1966, poseíamos más de 600.000 productores agropecuarios. Hoy, sólo restan 330.000. De tal forma, la oligarquía terrateniente recuperó con creces las tierras que Perón había obligado a venderles a los chacareros arrendatarios a través del 1º y 2º Plan Quinquenal. En lugar de enfrentar a la SRA y CARBAP, denunciando la concentración y brutal extranjerización de la tierra, unidas a la destrucción de un modelo soberano de producción de alimentos y su reemplazo por un modelo factoría productor de forrajes baratos para la exportación, la FAA se une a los terratenientes y multinacionales granarias que se adueñan, hoy, de la renta agraria en lucha contra las retenciones. Renta con la que, conviene recordar, junto a la petrolera, el peronismo industrializó la Nación entre 1945 y 1955.
Por supuesto, las retenciones son sólo una medida frente a la necesidad de articular un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario, que debe, obligatoriamente, incluir: la restitución de las Juntas Nacionales de Granos y de Carnes; la nacionalización del comercio exterior en ambos rubros; políticas que permitan el acceso democrático, barato y con créditos de largo aliento a la tierra para volver a tener cientos de miles de productores, repoblar el país y reconstruir la soberanía alimentaria y las economías regionales.
También deben estar acompañadas de subsidios; políticas de reforestación de la superficie devastada por la sojización; políticas de saneamiento de áreas infectadas por millones de litros de agrotóxicos y transgénicos; y devolución de las cientos de miles de hectáreas robadas a los pueblos originarios en las últimas décadas.
La correcta política de retenciones graduales –primera medida seria tomada contra la sojización-, se debe acompañar también de créditos y subsidios amplios para las actividades afectadas por el monocultivo sojero, tales como la lechería, la ganadería, la horticultura, la fruticultura, la forestación y demás actividades afectadas.
Pero, sin duda alguna –pese a los gritos exasperados del lobby monsantiano, cargilliano y terrateniente-, es una mejora neta respecto de la política seguida hasta ahora y, por supuesto, mucho mejor que “dejar todo al sector privado”, como proponen los dueños de la tierra, desde siempre, apoyados por los Macri, Carrió, López Murphy, el menemismo, el cavallismo y el delasotismo.
Salir de la sojización
Pero, tal vez, el dato más importante de las medidas anunciadas por el Ministro Losteau se refiera a que, por primera vez desde la legalización ilegal de la soja RR en 1995, el gobierno ha decidido tomar medidas que desalientan la expansión del monocultivo de soja transgénica forrajera. Y ese es un hecho importante que saludamos.
Que una medida tan importante, haya sido tomada, en simultáneo, con la descarada entrega de los yacimientos petroleros de la Cuenca del Golfo de San Jorge (Cerro Dragón-PAE), por parte de la ultarkirchnerista provincia de Santa Cruz, habla, a las claras, de la perversidad del modelo económico vigente en nuestro país y de la estrecha relación del gobierno con las multinacionales y su doble discurso permanente.
Pero en el tema de la sojización, por primera vez desde 1995, se adopta una medida que desalienta el avance descontrolado del pequeño -y devastador- poroto. Esto es así pese a los previsibles gritos policíacos del ingeniero Héctor Huergo que, en un ejercicio extraño del pensamiento económico y agronómico, nos amenaza con que el abandono de la sojización nos devolvería a la Edad Media. El descaro de los demiurgos de la colonización cultural –a su vez empleados de Monsanto y Kissinger- no tiene límites.
Una medida como el aumento diferencial de las retenciones –reclamada por quien esto escribe durante varios años-, en realidad, nos alejaría de la Edad Media en que nos sumiera la desindustrialización y el retorno a la Nación agro-exportadora. Es decir, exactamente al revés de lo que Huergo vomita desde Clarín Rural.
El aumento diferencial de las retenciones –a falta de nacionalización del comercio exterior de granos- permite disponer de fondos para alentar otras actividades económicas, tales como la reindustrialización del país u otras actividades agropecuarias que requieren de mayor valor agregado, mayor aporte de capital y utilizan mayor cantidad de mano de obra.
Por el contrario, como ya explicáramos reiteradamente en otros artículos, impulsar la sojización depreda la mano de obra y la pequeña y mediana producción, además de devastar al ecosistema y la salud humana. Lo reiteramos una vez más: el sistema de la SD-soja RR-herbicida glifosato, destruye cuatro de cada cinco puestos de trabajo existentes y sólo crea un puesto de trabajo cada 500-600 has, siendo sólo viables y autosuficientes para este sistema, las explotaciones que superan las 500 has según la región agroecológica. Por el contrario, la economía familiar genera 35 puestos de trabajo genuinos por cada 100has. Pero el gobierno debe saber que salir de la sojización implica, antes que nada, redistribuir la tierra y repoblar el territorio nacional devastado por el pequeño poroto.
En el colmo del descaro y la desinformación agronómica se dice: “le explico si me permite (...) las vacas no hacen fotosíntesis (¡¡sic!!); una hectárea de maíz con la tecnología actual produce 10.000 kilos de grano. Un novillo encerrado en un corral convierte siete kilos de maíz en uno de carne. Por lo tanto una hectárea de maíz da 1.500 kilos de carne.” La sojización, amigo Huergo, ¿dónde está? El viejo método goebbelliano de “miente, miente, miente, que algo quedará” sigue siendo el arma preferida del poder multinacional.
Esto es en parte cierto para el maíz, pero no para la soja que se exporta toda (99% de la producción), sin ningún otro agregado que el hacerla aceite o harina, y casi sin producir un solo kilo de carne, como sí hacen Brasil (segundo productor mundial de carne) o Chile (en este caso con la soja que nos compra). De allí que las retenciones diferenciadas, planteadas por Lousteau, estimulen al maíz y al trigo en contra de la soja. Pero esto afecta a Monsanto-Cargill y, por supuesto, a las comisiones que cobran sus propagandistas y agentes.
En segundo lugar, la carne que hacíamos criada a campo (la Edad Media para Huergo) era, sin dudas, la mejor carne del mundo, ya que el animal se criaba en libertad, elegía lo que quería comer, se movía y se criaba naturalmente, produciendo un tipo especial de carne que nos caracteriza en el mundo.
Hoy, en un planeta acorralado por la crisis ambiental global, esa carne tiene un valor agregado extra. Si decidiéramos un plan nacional de producción de carne de primera calidad en praderas, recuperaríamos nuestro lugar en el mercado mundial, obteniendo grandes beneficios económicos, sociales y ecológicos. La ganadería genera muchos más puesto de trabajo que la devastación sojera; mucho más aun, si se estimulara el surgimiento de un gran número de pequeños productores.
Por otra parte, lo que Huergo llama novillo a corral es el famoso feed-lot o corral de engorde, que, a diferencia del animal criado en pradera, produce carne chatarra o carne basura: carne repleta de antibióticos, hormonas, reguladores de crecimiento, agrotóxicos de todo tipo, etc., etc. ¿Sabrá Huergo que la Argentina no sólo es la primera en el mundo en muertes de tránsito –debido, en primer lugar, a la destrucción ferroviaria sin cuya desaparición no habría sido posible la sojización-, sino que también es, en la actualidad, el país con mayor tasa de cáncer en su población? ¿No se le habrá ocurrido al señor Huergo pensar que tamaña tragedia tiene algo que ver con la terrible contaminación por agrotóxicos que ha provocado la sojización y su consecuencia directa el feed-lot? Este proceso afecta lo que respiramos, lo que bebemos y lo que comemos. Claro, es probable que este último argumento suene demasiado complejo para la lógica ‘simple’ de la mayor tasa de ganancia en el menor tiempo y con cualquier costo ambiental y social –total no lo pagamos- que utiliza nuestra sempiterna parasitaria y estéril oligarquía terrateniente.
Pese a lo que dice Huergo, la soja no sólo no crea pueblos sino que los devasta y los liquida, como puede verse en las miles de taperas que pueblan hoy nuestro campo y los más de 1.200 pueblos abandonados. No sólo no nos saca de la Edad Media, sino que nos devuelve a ella como lo prueban las actuales inundaciones de Salta y Jujuy –y las anteriores de Salta y Santa Fe y las que vendrán-, consecuencia directa de la deforestación y la Siembra Directa.
La ‘pobreza’ del ‘campo’ de ellos.
Por último, ¿de qué paro del campo hablamos? En todo el país sólo restan 330.000 explotaciones, las que sólo emplean a 310.000 trabajadores en blanco, los cuales ganan alrededor de $ 1.200 mensuales, mientras hay algo más de 700.000 trabajadores en negro que viven miserablemente y trabajan sólo un período del año gracias al poroto mágico.
Ambos sectores, prácticamente, se han visto imposibilitados de defender sus derechos ante el achicamiento descomunal de las fuentes de trabajo que ha producido la sojización y la numerosa destrucción de establecimientos que la acompañaron.
El nivel de ingresos del sector que ejerce el control sobre la propiedad de la tierra y, por ende, la producción, es escandaloso y, como siempre, suntuario. Ya en la campaña 2004-2005, los propietarios de la región pampeana, en el centro del proceso de la sojización, recibieron en concepto de renta terrateniente o renta de la tierra por el arrendamiento de las mejores tierras del mundo, la suma de algo más de US$ 3.000 millones, más de $ 10.000 millones. Es decir, una masa sideral de dinero sin invertir ni arriesgar un solo peso.
En la actualidad, esas cifras son mucho mayores. Hoy, una hectárea en la zona sojizada de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos se vende a razón de entre US$ 15.000 a US$ 20.000 y se arrienda -para hacer soja- a razón de 20 Quintales la Ha, es decir unos US$ 600 por ha. Para dar un ejemplo, sólo por arrendar 300 has el propietario recibe un ingreso parásito (sin invertir ni arriesgar un solo peso) de US$ 180.000 o unos $ 570.000 por ciclo sojero. Esa descomunal masa de dinero, imposible de obtener en cualquier otra actividad productiva -y ese es el diseño multinacional para paralizar nuestra reindustrialización-, no se destina a mano de obra, ni inversiones productivas, a excepción de algunas cosechadoras o maquinarias importadas de altísimo costo y muchas veces renovadas innecesariamente, sólo por poseer la máquina 0 km. Sí se invierte en varias camionetas 4x4 por familia (hasta 6 ó 7 en algunas), en casas suntuarias, en edificios de renta y en gatos finos, que ahora hacen su aparición en las localidades de la cuenca sojera, para beneplácito de los productores.
Por el contrario, los capataces son echados, indemnizados y transformados en contratistas cuentapropistas, con lo cual el terrateniente dispone de las labores sin arriesgar un solo peso, sin incluir costo social alguno y sin tener que poseer un parque de herramientas de alto costo y nivel de mantenimiento, que lo obligaría a tener mano de obra permanente. Sí a eso se suma que la mayoría no paga impuestos o lo hace por actividad ganadera y no agrícola, y que las multinacionales exportadoras pagan impuestos en función de declaración jurada, se comprenderá que la sojización deja muy poca riqueza real, valor agregado productivo en la sociedad argentina. A su vez, los trabajadores rurales son echados sin indemnización y contratados en negro cuando se los necesita, muy poco tiempo por cierto. El hecho que las dos terceras partes de los trabajadores vinculados a la sojización trabajen en negro, tiene que ver, a su vez, con las necesidades de un negocio que evade impuestos o se realiza mayoritariamente en negro. De allí, la necesidad casi imperiosa para la economía nacional de apropiarse de esa renta suntuaria e ilegítima en beneficio de la Nación.
¿Qué hará el gobierno con esa renta? Es otra discusión, que no afecta el valor macroeconómico de la medida tomada. Como vemos, poco ha cambiado en la relación de la Nación con la vieja oligarquía terrateniente, ahora asociada a algunos pools empresarios. Ella sigue allí, y tan poderosa como siempre, pese a que la señora Carrió y algunos medios interesados -y asociados a ella- digan que ya no existe.
La oligarquía, una vez más, usa su poder económico contra el pueblo y la Nación, reclamando quedarse con la totalidad de los precios internacionales para sus productos en el mercado interno, lo que supone, y ellos lo saben, el hambre para el pueblo y la castración de la Nación, como lo hizo siempre. Como señalara el maestro Hernández Arregui, para la SRA, “esa clase estéril e infecunda, siempre que el pueblo comió vio demagogia”.
Fuente: Infosur
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Amnistía a todos los luchadores populares 
Noemí Fernández no era militante del PRT-ERP por entonces. Por entonces sólo era una chica de 20 años, solidaria y humana hasta llamar la atención. Alta, pelo castaño semiclaro, lacio, largo pero no mucho, caía más abajo de sus hombros; era bella y 9,50 de promedio. En la cátedra de Obligaciones a cargo del Dr. Rossi, el adjunto (creo que Paludi) la sumó a sus filas. Noemí daba clases de Derecho Civil II a los veinte años porque, para ella, las operaciones del intelecto eran un juego, una aventura, eran la vida misma.
A partir del triunfo de Mauricio Macri en las elecciones para la Jefatura de Gobierno han aparecido en Internet sitios y blogs destinados a criticar el estilo PRO. Consultado por adnciudad.com sobre este fenómeno, el analista Gustavo Martínez Pandiani aseguró que se trata de “una ciberpolítica mal entendida”.
Una guardiacárcel fue quien le dio la noticia. Así se enteró Romina Tejerina de que la Corte Suprema de la Nación había denegado su excarcelación por cuatro votos contra tres. Recibió la información con sorpresa, distintas fuentes oficiosas le habían asegurado a su familia que sería declarada inimputable. Sin embargo, todo parece haber cambiado a último momento. Ahora, para salir en libertad, deberá esperar un indulto del gobernador jujeño Walter Barrionuevo o una conmutación de pena por buena conducta que le permitiría dejar la prisión recién en 2010.
