La ciudad es mía, mía, sólo mía
El Ejecutivo decidió postergar por un año el llamado a elecciones de juntas porteñas. La excusa es que no se llega con los tiempos formales para la convocatoria. Pero el jefe de Gobierno se resiste a gastar presupuesto en descentralización.
15.05.2008
Acá tampoco. Ninguna de las quince comunas que votó la Legislatura tendrá sus juntas administrativas elegidas este año.
Mauricio Macri anunció ayer que incumplirá una ley de la Legislatura. El jefe de Gobierno postergó hasta 2009 el llamado a elecciones para elegir a los representantes comunales. Los diputados porteños habían resuelto en agosto pasado que debía votarse el 10 de agosto de este año a los representantes barriales. Y, con la intención declarada de “reducir el gasto público”, Macri anticipó que pedirá que una nueva norma establezca que seis de los siete “comuneros” trabajen ad honórem. La oposición reaccionó con dureza y hoy espera reunir quórum para insistir por ley con la fecha original.
Según explicó el Gobierno en un comunicado, la postergación de los comicios obedeció a “poder concluir los requerimientos ordenados por la justicia electoral para el correcto empadronamiento de los ciudadanos y la demarcación de cada una de las secciones electorales”. Ciertamente, es poco lo que hizo hasta ahora la gestión de Macri para cumplir con esos requisitos.
Por caso, durante el verano, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, había advertido a las autoridades locales que si la Ciudad no sancionaba antes del 15 de febrero una ley con correcciones al mapa de las comunas, no llegaría a confeccionar los padrones. La norma estuvo a fin de marzo, y Macri dejó correr los veinte días que le permite la Constitución para promulgarla. Podría haberlo hecho el mismo día que se votó.
“Somos el Gobierno que va a implementar el sistema de comunas, pero después de once años en los que no se hizo nada, queremos que las cosas se hagan bien, sin apuros ni desprolijidades y cuidando la plata de los vecinos”, advirtió el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
“Macri es un mentiroso, un verdulero ignorante y berreta”, cargó con dureza el diputado nacional por el socialismo, Roy Cortina, ex ministro de Descentralización durante la gestión de Jorge Telerman y autor del proyecto de Ley de Comunas. “Es mentira que en once años no se hizo nada.
Nuestro gobierno, en medio de la turbulencia política y la campaña, hizo todo lo que reclamó la transición. Si no se continuó, es por culpa suya”, dijo Cortina. Además, consideró que sería “inconstitucional” crear categorías de comuneros, estableciendo que sólo perciba salario el presidente de la junta, y no los seis vocales.
Macri no es el primer jefe de Gobierno que cuestiona el gasto que ocasionarán los representantes comunales. Ya lo había hecho Fernando de la Rúa, en 1996, cuando cuestionó a los estatuyentes porteños del radicalismo y el Frepaso por haber apoyado la creación de cuerpos colegiados “tan costosos”.
“Planteamos que hubiera un delegado y una persona, como control de los otros partidos”, había argumentado De la Rúa por aquellos tiempos. Enrique Olivera, ex vicejefe de Gobierno y actual legislador por la Coalición Cívica, cuestionó la decisión del Ejecutivo. “El jefe de Gobierno debe explicar ante la Legislatura cuáles son los verdaderos motivos. Si no son razonables, nos presentaremos ante la Justicia”, afirmó. Y coincidió en la posibilidad de establecer distintos regímenes salariales para los comuneros. “Si el problema es el gasto público, podría instituirse la dedicación part time de los comuneros. Eso sería compatible con otro tipo de honorarios”, consideró Olivera.
La Coalición Cívica, junto con otros bloques de la oposición, espera reunir quórum hoy para insistir en una sesión especial en la convocatoria a elecciones para el 10 de agosto. También propondrán dictar la “emergencia electoral” para reducir los plazos que establece el Código Electoral Nacional de exhibición de los padrones. Pero difícilmente tengan éxito, ya que el kirchnerismo no se sumaría a la reunión. Sin ellos, no contarán con el número suficiente de votos para sancionar la norma.
Desde Brasil, donde participa de un seminario sobre políticas públicas, el presidente del bloque kirchnerista de la Legislatura, Diego Kravetz, sorprendió con la postura de su espacio. “La decisión de Macri nos saca de la discusión y pone certeza sobre este tema. Es una buena señal. Es una muestra de que el jefe de Gobierno quiere cumplir con la Constitución. Es un avance”, evaluó el diputado.
Las cámaras la ve sólo el Gobierno
Nada de nada. Para las comunas, Mauricio Macri no quiere nada. Ayer confirmó que intentará limitar los salarios de los futuros representantes barriales. Y un día antes había vetado parcialmente una ley que le confería a las futuras juntas el poder para controlar las cámaras de seguridad que se instalan en cada zona. El jefe de Gobierno eliminó esa parte de la ley.
El lunes, el Ejecutivo porteño promulgó la Ley 2.602, que regula la utilización de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos. La norma, que había sido impulsada por el legislador kirchnerista (ex ARI) Pablo Failde, fue publicada con tres artículos menos. Dos de ellos establecían que el Gobierno debía comunicar a las Juntas Comunales cada vez que se instalara una cámara, además de un informe semestral con los cambios del período. Pero por sugerencia del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Macri eliminó ese pasaje de la ley.
“Cuando pensé esta regulación entendía que debía haber una comunicación con las comunas. La idea era que se consultara a los representantes de los barrios, y en especial a los vecinos, que son los que están en el territorio, y que pueden identificar cuáles son los lugares donde se pueden cometer delitos”, señaló Failde.
El veto del jefe de Gobierno alcanzó a un tercer artículo que preveía la creación de un registro de videocámaras de seguridad en la ciudad. “Era ridículo. Impracticable. Era como intentar hacer un registro, un inventario de los televisores que hay en la ciudad”, justificó un funcionario.
Fuente: www.criticadigital.com
Según explicó el Gobierno en un comunicado, la postergación de los comicios obedeció a “poder concluir los requerimientos ordenados por la justicia electoral para el correcto empadronamiento de los ciudadanos y la demarcación de cada una de las secciones electorales”. Ciertamente, es poco lo que hizo hasta ahora la gestión de Macri para cumplir con esos requisitos.
Por caso, durante el verano, la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, había advertido a las autoridades locales que si la Ciudad no sancionaba antes del 15 de febrero una ley con correcciones al mapa de las comunas, no llegaría a confeccionar los padrones. La norma estuvo a fin de marzo, y Macri dejó correr los veinte días que le permite la Constitución para promulgarla. Podría haberlo hecho el mismo día que se votó.
“Somos el Gobierno que va a implementar el sistema de comunas, pero después de once años en los que no se hizo nada, queremos que las cosas se hagan bien, sin apuros ni desprolijidades y cuidando la plata de los vecinos”, advirtió el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.
“Macri es un mentiroso, un verdulero ignorante y berreta”, cargó con dureza el diputado nacional por el socialismo, Roy Cortina, ex ministro de Descentralización durante la gestión de Jorge Telerman y autor del proyecto de Ley de Comunas. “Es mentira que en once años no se hizo nada.
Nuestro gobierno, en medio de la turbulencia política y la campaña, hizo todo lo que reclamó la transición. Si no se continuó, es por culpa suya”, dijo Cortina. Además, consideró que sería “inconstitucional” crear categorías de comuneros, estableciendo que sólo perciba salario el presidente de la junta, y no los seis vocales.
Macri no es el primer jefe de Gobierno que cuestiona el gasto que ocasionarán los representantes comunales. Ya lo había hecho Fernando de la Rúa, en 1996, cuando cuestionó a los estatuyentes porteños del radicalismo y el Frepaso por haber apoyado la creación de cuerpos colegiados “tan costosos”.
“Planteamos que hubiera un delegado y una persona, como control de los otros partidos”, había argumentado De la Rúa por aquellos tiempos. Enrique Olivera, ex vicejefe de Gobierno y actual legislador por la Coalición Cívica, cuestionó la decisión del Ejecutivo. “El jefe de Gobierno debe explicar ante la Legislatura cuáles son los verdaderos motivos. Si no son razonables, nos presentaremos ante la Justicia”, afirmó. Y coincidió en la posibilidad de establecer distintos regímenes salariales para los comuneros. “Si el problema es el gasto público, podría instituirse la dedicación part time de los comuneros. Eso sería compatible con otro tipo de honorarios”, consideró Olivera.
La Coalición Cívica, junto con otros bloques de la oposición, espera reunir quórum hoy para insistir en una sesión especial en la convocatoria a elecciones para el 10 de agosto. También propondrán dictar la “emergencia electoral” para reducir los plazos que establece el Código Electoral Nacional de exhibición de los padrones. Pero difícilmente tengan éxito, ya que el kirchnerismo no se sumaría a la reunión. Sin ellos, no contarán con el número suficiente de votos para sancionar la norma.
Desde Brasil, donde participa de un seminario sobre políticas públicas, el presidente del bloque kirchnerista de la Legislatura, Diego Kravetz, sorprendió con la postura de su espacio. “La decisión de Macri nos saca de la discusión y pone certeza sobre este tema. Es una buena señal. Es una muestra de que el jefe de Gobierno quiere cumplir con la Constitución. Es un avance”, evaluó el diputado.
Las cámaras la ve sólo el Gobierno
Nada de nada. Para las comunas, Mauricio Macri no quiere nada. Ayer confirmó que intentará limitar los salarios de los futuros representantes barriales. Y un día antes había vetado parcialmente una ley que le confería a las futuras juntas el poder para controlar las cámaras de seguridad que se instalan en cada zona. El jefe de Gobierno eliminó esa parte de la ley.
El lunes, el Ejecutivo porteño promulgó la Ley 2.602, que regula la utilización de videocámaras para grabar imágenes en lugares públicos. La norma, que había sido impulsada por el legislador kirchnerista (ex ARI) Pablo Failde, fue publicada con tres artículos menos. Dos de ellos establecían que el Gobierno debía comunicar a las Juntas Comunales cada vez que se instalara una cámara, además de un informe semestral con los cambios del período. Pero por sugerencia del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Macri eliminó ese pasaje de la ley.
“Cuando pensé esta regulación entendía que debía haber una comunicación con las comunas. La idea era que se consultara a los representantes de los barrios, y en especial a los vecinos, que son los que están en el territorio, y que pueden identificar cuáles son los lugares donde se pueden cometer delitos”, señaló Failde.
El veto del jefe de Gobierno alcanzó a un tercer artículo que preveía la creación de un registro de videocámaras de seguridad en la ciudad. “Era ridículo. Impracticable. Era como intentar hacer un registro, un inventario de los televisores que hay en la ciudad”, justificó un funcionario.
Fuente: www.criticadigital.com
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